Reorientación de la estrategia de seguridad y nuevo quiebre del gobierno progresista
Giovanny Bermúdez Mendoza
El inicio del 2025 comenzó con la crisis de la política de “Paz Total” dispuesta por el gobierno de Gustavo Petro para orientar su estrategia de seguridad y defensa. Este mecanismo de intervención estatal contempla dos elementos esenciales: a) la seguridad humana, comprendida desde la lógica de la política social incluyente y redistributiva, centrada en los individuos y las comunidades; y b) la paz total, como política de Estado orientada a la gestión de los mecanismos de acuerdos de negociación, procesos transicionales y judiciales de reinserción [1].
Este modelo de seguridad y defensa puede caracterizarse desde la relación lógica entre reforma social, consenso político y desmovilización. Una mezcla de variables que intentan armonizar cambios sociales, políticas transicionales y doctrina militar a procesos transversales de focalización territorial y gobernanza regional, apoyados sobre la base de la Acción Conjunta y la Acción Integral operacional.
Sin embargo, con los reveses legislativos, fiscales y electorales que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro la armónica fórmula de la Paz Total ha entrado en un proceso de resección. La situación profundiza el quiebre del gobierno de la Colombia Humana y potencia aún más la tendencia de ascenso de las facciones hegemónicas del bloque de poder colombiano, a medida que fragmenta el campo político de la izquierda. Esto es consecuencia, por un lado, del limitado desarrollo de la estrategia progresista de gestión de las contradicciones sociales derivadas de la crisis del capitalismo colombiano y, por otro, lado del proceso de resistencia y contención que las clases socialmente dominantes han logrado a través de su estrategia de presión política, está vez, sobre los fallos del modelo de Paz Total.
Liderado por diferentes facciones del establecimiento militar colombiano, en el reajuste del modelo se prescinde de salidas negociadas de gran escala y alcance estructural del conflicto interno, concentrándose en escenarios operacionales de tipo regional y local y acentuando los procesos de negociación e intervención territorial de baja escala, para así disminuir los grados de estrés institucional que las salidas macro políticas como la paz total y la política de seguridad humana no han podido contener ni regular, chocando de frente con las fuerzas que animan el conflicto político militar agudizado por la crisis del capitalismo colombiano.
Según se eclipsa la política de seguridad y defensa de la paz total, el giro de reajuste pone en evidencia la naturaleza contradictoria de esta estrategia; quedando más expuestas las limitaciones y debilidades del Estado colombiano para responder a las actuales dinámicas del conflicto. Ni las políticas de Paz Total, ni los enfoques de gobernanza territorial mediante los cuales se propone jalonar el desarrollo regional del país han dado resultados óptimos. Al contrario, lo que ha sucedido es que los factores estructurales que animan la lucha de clases del país y el conflicto político y militar como la alta concentración de la propiedad territorial, la centralización desigual del valor agregado nacional o el déficit de derechos sociales y económicos de la población, no han sido transformados sustancialmente debido al fracaso del actual gobierno respecto a la gestión de sus reformas sociales y política redistributiva.
El modelo de seguridad y defensa que planteó el gobierno del Pacto Histórico muy a pesar de que intento superar la paz “chiquita” del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) difícilmente se ha desmarcado del dispositivo hegemónico de la seguridad humana y multidimensional planteado por el bloque de poder durante los últimos 30 años.
Estas dos visiones de seguridad aunque con diferencias en los centros de gravedad desde donde se enfoca, la escuela europea y norteamericana de post guerra fría, coinciden y actualizan varios elementos de la Doctrina de seguridad Nacional tales como: la lógica de la amenaza exógena y el enemigo interno, la institucionalización de la participación comunitaria en la seguridad, la modernización de las fuerzas represivas, el desarme, el terrorismo o el narcotráfico, razón por la cual, no es extraño ver el movimiento pendular de la política de seguridad y defensa del gobierno de la Colombia Humana entre su visión de seguridad social y seguridad Nacional.
2. Las razones del reajuste de la estrategia de seguridad y defensa progresista
No es éste el primer quiebre del modelo de la Paz Total y de la Seguridad Humana, pero sí el que constituye su fractura estructural. La estrategia de la paz total y seguridad humana es una variante de la perspectiva hegemónica que el bloque de poder colombiano ha establecido para orientar los asuntos de la doctrina y la política de seguridad y defensa nacional.
Estas estrategias se han dirigido a desescalar la violencia política y los altos índices de criminalidad organizada, consolidadas en el país luego de la firma del acuerdo de paz en el 2016 y de la fallida estrategia de guerra contrainsurgente de Iván Duque (2018-2022), basada en enfoques de focalización territorial e intervención inter-agencial, a los cuales, de forma paradójica, hoy recurre el progresismo bajo condiciones jurídicas de excepción. Esto, pese a que, con el modelo de Seguridad y Defensa del gobierno de Iván Duque se dispararon los indicadores de la violencia política en el país debido al proceso de expansión y renovación de la estrategia paramilitar, en la cual se articularon reductos disidentes de las antiguas FARC-EP y empresas de seguridad privada mediante estrategias de tercerización militar.
La estrategia de seguridad del gobierno de Gustavo Petro se formuló sobre gran parte de los supuestos de la Seguridad Democrática y de las políticas de seguridad y defensa diseñadas” para responder al “posconflicto durante la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018) [2]. Así, se recurrió al viejo esquema del Plan de Rehabilitación Territorial de los años 80, los Planes de Consolidación Territorial (2006-2016), las Zonas Futuro y el programa Catatumbo Sostenible (2018-2022), para enfocar su estrategia de Seguridad Humana, basada en la Acción Conjunta [3], la Acción Integral [4], el desarrollo territorial y la gobernanza regional.
Para desarrollar la política de Paz Total el gobierno colombiano estableció diferentes procesos de diálogo y ceses de hostilidades con los actores insurgentes, paramilitares y bandas de crimen organizado. La idea central penduló entre propiciar acciones de contención del creciente proceso de expansión militar y territorial de los actores armados; avanzar en su erosionalidad y permitir el reajuste táctico y operacional de las FFMM que enfrentan un considerable proceso de debilitamiento institucional por el deterioro de sus fuentes de financiamiento.
En esa línea, en la exposición de motivos sobre el estado de conmoción interior destinado para atender la crisis de orden público y humanitaria en el Catatumbo, el ministro de Defensa, Iván Velázquez Gómez, planteó ante la plenaria de la Cámara de Representantes el pasado 28 de enero, que en los: “últimos 15 años se pasó de tener un Ejército de más de 228 mil hombres a solamente 166 mil hombres en el 2022” [5].
Lo que representa la pérdida del 27% de la capacidad humana de las fuerzas de represión estatal y explica, en parte, el reajuste de los asuntos de seguridad y defensa, desde la visión de la eficiencia económica y la disminución de costes. En este contexto, las estrategias de diálogo y negociación terminan siendo salidas racionales para disminuir los niveles de estrés institucional de las fuerzas represivas del Estado colombiano.
Aun así, pese a que el gobierno progresista ha realizado un esfuerzo considerable en términos fiscales para fortalecer los servicios de seguridad y defensa, la limitante financiera se expresa como un fallo estructural para soportar estrategias de ofensiva militar. Esto ha presionado por establecer múltiples salidas de respuesta que van desde la tercerización operativa hasta la gobernanza territorial en las cuales se vincula el manejo de las poblaciones excedentes en las zonas rurales y urbanas y las nuevas formas de paramilitarismo.
3. De la Paz Total a la Paz por partes y un nuevo quiebre del gobierno progresista
La ruptura del proceso de diálogo entre el gobierno de Colombia y el ELN expresa el quiebre de la estrategia de Paz Total. La crisis en la región del Catatumbo en el departamento del Norte de Santander, sumada al proceso de desmovilización del frente Comuneros del ELN en el departamento de Nariño, profundizó el distanciamiento de las partes. A esta situación se suma la creciente expansión territorial de los diferentes actores armados y la ampliación de sus zonas de disputa. El levantamiento del Espacio de Conversación Socio Jurídico de Buenaventura con las bandas de los “Shottas” y “Espartanos”, debido al aumento de la violencia urbana en Buenaventura. Y los enfrentamientos entre las “grises” disidencias de las FARC-EP en la Amazonia Colombiana.
Según datos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) del 2021 a 2023 las zonas de disputa entre paramilitares, insurgencias y bandas criminales han crecido 11,2% al pasar de 180 a 203.
De igual forma, de 2022 a 2024 el número de municipios donde hacen presencia el Ejército Gaitanistas de Colombia (ECG) aumento 35,5%, en el caso del ELN 18,3% y 20,8% de las disidencias de las FARC-EP [6].
Tabla 1. Presencia de actores armados por número de Municipios 2022-2024. Datos FIP 2024.
Actor | Municipios 2022 | Municipios 2024 | Variación |
ECG | 253 | 392 | 35,5% |
ELN | 189 | 231 | 18,3% |
Disidencias FARC-EP | 230 | 299 | 20,8% |
El comportamiento de estas variables se ha tomado como base para justificar el cambio de supuestos gubernamentales. Alegando falta de voluntad por parte del ELN, el gobierno ha dado paso a un proceso de presión política basado en la tipificación de esta insurgencia como una amenaza externa de crimen organizado trasnacional, mientras finiquita el acuerdo de desmovilización con el frente Comuneros en la región de Nariño y despliega uno de sus laboratorios de guerra y de paz territorial en la región del Catatumbo sobre la base del estado de conmoción.
Así, el gobierno ha decidido transitar de modelos de discusión sobre las grandes transformaciones y reformas estructurales, para priorizar acciones que se enfoquen en respuestas localizadas de desarrollo regional, buscando dar base territorial a su modelo micropolítica de Paz local, generar condiciones para permitir la articulación de las instituciones públicas y las fuerzas militares con las comunidades locales, consolidar mecanismos de presión cívico-militar a nivel local y de gestión comunitaria de los planes de desarrollo económico cristalizados en los Pactos Regionales.
A la par, el gobierno de Gustavo Petro ha vuelto a exponer las tesis de despolitización del conflicto interno en Colombia propias de las teorías del posconflicto y de las amenazas híbridas consignadas en los documentos doctrinales de las FFMM. Desde las cuales argumentan sus planteamientos respecto al final del conflicto político y la consolidación de un escenario de amenazas criminales que atentan contra la soberanía nacional que ejerce la respuesta militar y la clausura de la salida política.
Esto no sólo ha representado una actitud negacionista de la historicidad del conflicto interno al renegar del sustento político de sus bases causales y de actores como el ELN, sino que ha caído en un ejercicio de revisionismo histórico de tipo conservador al reciclar el viejo discurso uribista de la amenaza exógena y de la agencia criminal de bandas trasnacionales que violan la soberanía nacional y requieren el tratamiento de “mano dura” y cooperación internacional entre distintos Estados de la región de América Latina y del Caribe.
Al respecto planteó el presidente Gustavo Petro respecto a la situación en la región del Catatumbo el pasado 27 de enero en Ocaña Norte de Santander:
“Actores de la violencia que han cambiado en el tiempo. Porque es lo que vemos en estos días. Una fuerza extranjera ocupando el territorio. Todos nosotros lo dijimos: jamás una fuerza extranjera entrará a Colombia por qué, nos hacemos matar, hemos perdido mucho territorio por qué no nos hemos hecho matar. Pero lo hay en el Catatumbo es una fuerza extranjera ocupando en el territorio. Esto es un problema de soberanía nacional, no sólo es un conflicto interno...” (Discurso Gustavo Petro en Ocaña Santander 28 enero 2025).
La afirmación resulta paradójica si se tiene en cuenta la presencia de tropas norteamericanas y de la OTAN en el país desde el 2017 debido al estatuto del Estado colombiano de “socio global” o de la existencia de un edificio militar de propiedad estadounidense en el territorio nacional de 1950 M2, según el informe Structure Report [7]. El intento de establecer una base naval en Gorgona y la invitación del mismo Gustavo Petro a la OTAN para colaborar en la Amazonia bajo el argumento de la protección ambiental, usando helicópteros Black Hawk para combatir incendios. Y el acuerdo firmado en diciembre de 2023, el Plan de Acción Bilateral (2025-2029), para capacitar Fuerzas Especiales con el Comando de Operaciones Especiales Sur de EEUU que permite acceso temporal a instalaciones militares colombianas [8].
Sin embargo, el replanteamiento del gobierno progresista ha llevado a fracturar todo tipo de puente de interlocución política con este actor insurgente y echar por la borda cualquier esfuerzo oficial por configurar una salida política al conflicto de gran escala. La micropolítica de la paz y el énfasis de la respuesta militar, sin diálogo y mediante la presión política mediática ha permitido la derechización del debate sobre seguridad y defensa en el país. Sin embargo, el negacionismo y la acción localizada fragmenta aún más los escenarios de la guerra interna e incentiva soluciones de pequeña escala que pueden ser insostenibles en el corto plazo y servir de base para agudizar las dinámicas en que se reproduce el conflicto interno de Colombia.
La micropolítica de la paz y el énfasis de la respuesta militar, sin diálogo y mediante la presión política mediática ha permitido la derechización del debate sobre seguridad y defensa en el país. Sin embargo, el negacionismo y la acción localizada fragmenta aún más los escenarios de la guerra interna e incentiva soluciones de pequeña escala que pueden ser insostenibles en el corto plazo y servir de base para agudizar las dinámicas en qué se reproduce el conflicto interno de Colombia.
El gobierno progresista ha puesto sus esperanzas en los distintos proyectos de “paz por partes” que actualmente desarrolla con algunos reductos de las grises disidencias del EMB en Caquetá, Norte de Santander y Antioquia. Aunque ha frenado el espacio de Diálogo Socio Jurídico de Buenaventura [9], mantiene los procesos de tregua con las bandas delincuenciales Choco; el distrito minero con el antiguo Frente de los Comuneros del Sur en Nariño y sorprendentemente ha obviado en el debate público el papel que juega el (EGC) principal amenaza paramilitar del país y el actor militar de mayor expansión territorial.
Con la respuesta a la crisis del Catatumbo se consolidad el tránsito del modelo de paz total a la paz por partes, el laboratorio de paz territorial en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y algunos municipios en el César configurado a través de la formulación y puesta en marcha del estado de conmoción interior dispuesto en el decreto 65 de 2025 [10].
La paradoja es que la respuesta reactiva del Estado colombiano reproduce el modelo de la militarización [11] que pocos resultados ofrece en el corto y largo plazo y difícilmente puede garantizar procesos sostenibles de consolidación territorial de una política de seguridad y defensa con estrés financiero, enfrentada a décadas de rezagos estructurales que no puede solventarse desde un modelo de gestión fragmentada de desarrollo territorial, pues es reflejo de las condiciones regresivas mediante las cuales se ha reproducido el capitalismo colombiano.
Asi, en la recta final del gobierno progresista el bloque de poder ha tomado el control de la estrategia de seguridad y defensa que ha prescindido de buscar una salida política y estructural y con ello delimitado el nuevo quiebre del gobierno progresista al romperse su esquema de reforma social, negociación, desmovilización y reinserción de gran escala.
Lo que pone en los campos de la izquierda nuevamente la pertinencia la salida política de la Paz con Transformaciones Estructurales, la coherente defensa de la soberanía nacional y la justicia social de las amplias poblaciones proletarias de Colombia.
Referencias y notas
Ley 2272 del 2022 del 4 de noviembre: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=197883
Al respecto plantea Alejo Vargas: “El gobierno de Santos está definiendo su propia estrategia de seguridad y defensa, en la cual se está experimentando un período de transición, que implica un relanzamiento de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, de una parte y de otra, una Política de Seguridad Ciudadana de tipo nacional –que sirva de marco para las políticas regionales y locales-, que se caracterice por su integralidad (incluyendo lo policial, lo judicial, lo social).” En: El gobierno Santos y su política de seguridad y defensa. https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/cpaz/article/view/7320
Desde la óptica de la doctrina militar la acción unificada se desarrolló a partir de la Acción Decisiva entendida como un concepto histórico de la estrategia militar que permite entender “el momento crítico en el que una serie de eventos que determinan el resultado de un conflicto. Es la combinación continua y simultanea de tareas ofensivas, de estabilidad o de apoyo de la defensa de la autoridad civil”. Y la Acción Unificada: (…) “como proponen en la actualidad La acción unificada: “Sincronización, coordinación y/o integración de actividades de entidades gubernamentales y no gubernamentales con las operaciones militares para lograr unidad de esfuerzo.” En: Revista Militar Expertica 2014. Plan de Campaña estratégico conjunto Ayacucho. https://www.cedoe.mil.co/revista-experticia-militar-edicion-20/
Según Ivon Alexandra Niño Medina (EJC 2014) la Acción Integral es el: “Conjunto de acciones militares que abarcan las operaciones de apoyo a la información civil militar y asuntos púbicos, las cuales permiten integrar capacidades del Ejercito a las de los asociados de la acción unificada, en apoyo a la intención del comandante.”. Un concepto dinámico enfocado a enriquecer el arte operacional, el planeamiento, la conducción y ejecución de la operación militar. En: https://www.ejercito.mil.co/revista-experticia-militar-no-19/
La declaratoria de conmoción interior como una medida necesaria y proporcional para atender la crisis humanitaria. En: https://www.mindefensa.gov.co/prensa/noticia-visualizacion/camara-de-representantes-catatumbo
Para el caso consultar el informe: Segundo año de Petro. ¿Donde está el cambio?. Balance de la Paz Total. Fundación Ideas para la Paz. En: https://ideaspaz.org/publicaciones/investigaciones-analisis/2024-08/segundo-ano-de-petro-donde-esta-el-cambio-balance-territorial-de-la-paz-total
Militares gringos en Colombia: así han hecho presencia durante 20 años. En: https://revistasic.org/militares-gringos-en-colombia-asi-han-hecho-presencia-durante-20-anos/
Estados Unidos y Colombia firman importante acuerdo de acción Bilateral: ¿de que se trata?. En: https://www.infobae.com/colombia/2023/12/10/estados-unidos-y-colombia-firmaron-importante-plan-militar-de-accion-bilateral-de-que-se-trata/
Comunicado Público 22 de enero 2025. Delegación del Gobierno Nacional para el Espacio de Conversación Socio jurídica de Buenaventura. https://www.consejeriacomisionadadepaz.gov.co/prensa/Paginas/comunicado-oficial-de-la-delegaci%C3%B3n-del-Gobierno-nacional-en-el-Espacio-de-Conversaci%C3%B3n-Sociojur%C3%ADdico-para-la-paz-urbana-co.aspx
Ver Decreto 65 de 2025 :https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30054344
Según datos del Ministerio de Defensa la respuesta de intervención territorial en la región del Catatumbo, aparte de intentar canalizar 1,1 billones de pesos, se ha desplegado la Fuerza de Despliegue Rápido n° 3 FUDRA. Y se ha dispuesto de 9352 militares y 795 policías para la contención de la situación del Catatumbo. https://www.mindefensa.gov.co/prensa/noticia-visualizacion/operacion-catatumbo
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