Por: Susana Gómez
La OCDE señala muy preocupada que “Colombia tiene uno de los niveles de pobreza, desigualdad de ingresos e informalidad del mercado laboral más elevados de América Latina”, pero después, con un cinismo nada disimulado, pasa a hacer “recomendaciones” que van en la senda de profundizar aún más estos problemas.
¿Cuáles son sus recetas respecto a la pobreza y la desigualdad? Pues nada menos que rebajar el salario mínimo (ya bastante disminuido por la inflación), subir el precio de la gasolina, el gas y la electricidad (eliminando los subsidios), aumentar los impuestos regresivos (esos que vuelven más pobres a los pobres como el IVA), bajar el umbral del impuesto sobre la renta hasta la vecindad del salario mínimo (para que los trabajadores informales también puedan pagarlo y no se sientan excluidos) y colocar un régimen impositivo creciente para los trabajadores formales.
¿Y qué dice respecto a la informalidad laboral? Básicamente, su solución para acabar con la brecha entre trabajo formal e informal es quitar todos los “privilegios” del empleo formal, es decir, uniformizar todos los trabajos en las actuales condiciones de la informalidad. Recordemos que ya el capital ha dado pasos en esta dirección, al conseguir durante los últimos años deshacerse de los aportes al SENA, ICBF y EPS de los trabajadores que individualmente devengan menos de 10 salarios mínimos vigentes [1]. Aún así, persisten en su afán de eliminar todos los derechos y conquistas laborales que tanto le han costado al proletariado. Esa es su solución para acabar con la diferencia entre trabajo formal e informal. Como reza el dicho: “donde todo es malo, no hay peor”. Sin embargo, el pueblo sabe que eliminar los aportes para prestaciones sociales y seguridad social, eso que llaman de forma tramposa “costos no salariales”, equivale a bajar el salario mínimo total alrededor de un 37,75%, al pasar de $1.606.380 (salario mínimo total) a $1.000.000 (salario sin aportes, ni prestaciones).
¿Entonces no hay nada bueno en el informe? Sí, si lo hay. El problema es que todas las propuestas de mejoría son a favor de los capitalistas y ninguna para el proletariado. Veamos, pues, que plantea la OCDE para los empresarios.
Después de reconocer que los capitalistas colombianos aumentaron sus márgenes de ganancia en un 37% de 2008 a 2018, su recomendación es, como siempre, pedir que les bajen los impuestos, los cuales después de deducciones, exenciones, descuentos tributarios, rentas exentas y gastos tributarios son sólo del 1.3% de sus ingresos brutos, eso sin contar todo lo que evaden, que es cerca del 5% del PIB [2]. Además, piden desmantelar las contribuciones sociales y a la seguridad social, que ya de hecho significa reducir el salario real y, de paso, y si cuela, bajar aún más los salarios nominales.
En fin, ya vemos como la “progresividad” de la OCDE nunca alcanza a los capitalistas, y como su sentido de igualdad llega sólo a la exhortación de igualar a todos los trabajadores en las peores condiciones de miseria y precariedad. Así, el enfoque del informe se puede resumir en que para ellos toda la culpa de la pobreza, la desigualdad y la informalidad la tienen los trabajadores formales que se resisten a ceder sus derechos laborales y sociales.
Pero claro, para entender el carácter avasallador de estas “recomendaciones”, debemos recordar que la OCDE es una especie de centro de asesoramiento de la patronal internacional, cuya tarea es promover políticas que favorezcan al capital y consecuentemente perjudiquen al proletariado. Para poder acceder a este “club internacional del capital”, cada Estado se compromete con una serie de acuerdos para favorecer la acumulación del capital. Y lo que hace el informe, justo antes de la nueva contienda electoral, es divulgar el memorándum de los compromisos pendientes de Colombia con el capital internacional y de paso, intentar influir en las tendencias electorales.
Así aunque Duque, asustado ante el nuevo llamamiento a paro, haya salido a decir que son sólo “recomendaciones”, ya sabemos que son acuerdos tomados y con plazo de ejecución acordado. Cuando él dice que “en lo que queda de su gobierno no va a haber una nueva reforma tributaria, e incluso que él espera que la próxima administración no tenga que presentar ninguna reforma fiscal durante el año 2022 [3]”; o cuando la Casa de Nariño preveé que al finalizar el gobierno Duque se haya cumplido cerca del 80% de los compromisos adquiridos con la OCDE [4]; o cuando el informe de esta organización advierte desde la primer página del resumen ejecutivo que “una parte del ajuste previsto para los próximos dos años aún no se ha implementado”, lo que hacen es dejar en evidencia que el único margen de acción del ejecutivo, respecto a estas “recomendaciones”, es acatarlas un año antes o un año después.
Pero vamos a repasar el informe, desmontando esa falacia de que “lo que es bueno para los empresarios, es bueno también para los trabajadores”.
Hemos visto como la OCDE parece estar sumamente preocupada por la informalidad del empleo en el país y, desde el primer párrafo del resumen ejecutivo, lo describen como el “profundo desafío estructural al que se enfrenta el mercado laboral”. Por supuesto, para el proletariado el desafío estructural no es acabar con la informalidad sino con la explotación del trabajo, y ésta se produce tanto en el empleo formal como, de forma más agresiva y acrecentada, en el empleo informal. Por eso, aunque la solución no sea “mejorar” el mercado laboral, sino sustituirlo por la gestión colectiva y planificada de la producción social, hay tareas que la clase proletaria no puede dejar de lado. Y es que la precarización no sólo segmenta y resta fuerza organizativa al proletariado, sino que refuerza el poder de los capitalistas, al permitirles aumentar la tasa de explotación.
Así, para el conjunto de la clase trabajadora, revertir la informalidad supondría dos retos: convertir el trabajo informal en formal, es decir, extender los derechos laborales para todos los trabajadores; y dos, invertir la tendencia a la precarización del empleo, mediante la cual se pretende reducir los actuales derechos y desmantelar las regulaciones que los protegen. Pero las recetas de la OCDE son, como cabe esperarse, todo lo contrario.
En supremo afán igualitarista a favor del capital y muy preocupados por la exclusión, su propuesta es informalizar todo el trabajo, para que nadie quede excluido. Si una característica clave del trabajo informal es que evade la parte de los costos salariales que sirven para financiar las prestaciones de la seguridad social, entonces la receta de la OCDE es sencillamente desmontar las cotizaciones de las empresas y de los trabajadores.
Si otra de las características del trabajo formal es garantizar un salario mínimo, lo que hace la OCDE es cuestionarlo, ya que según ellos el salario mínimo de Colombia es demasiado alto. No importa que no llegue a cubrir la canasta básica familiar (canasta alimentaría más bienes básicos como vivienda, vestido, educación, salud, etc.…), ni que a duras penas cubra la canasta alimentaría (entendida como necesidades nutricionales mínimas) de una familia de 4 miembros [5], ni que esté entre los más bajos de la región y del mundo. No, para ellos es demasiado alto, y lo es porque se acerca al salario medio, aunque este hecho ponga en evidencia el paupérrimo promedio salarial del país. De los veinte países latinoamericanos, Colombia ocupa el puesto 12 en el ranking de mayor a menor salario mínimo, pero baja hasta el puesto 16 cuando comparamos salarios medios, encontrándose sólo en peor situación Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela. Pero bueno, ya hemos recordado que eso de los intereses coincidentes de empresarios y trabajadores es la mentira peor defendible, pero más difundida del capitalismo. Y si no, para dar ejemplo, que prueben los de la OCDE a sobrevivir con un millón de pesos al mes, o con menos, como ellos mismos recomiendan. Después, en coherencia con su queja de que el salario mínimo colombiano es demasiado alto plantean deteriorarlo, y para ello aconsejan reducir los subsidios al gas, la electricidad y la gasolina; ampliar significativamente las bases imponibles de los impuestos a la renta, llegando a recomendar que se tribute a partir de un salario mínimo, y que no puedan deducirse los intereses hipotecarios, las indemnizaciones por despido o los gastos en educación, salud, etc; ampliar los impuestos al consumo, acabando con las tasas reducidas del IVA, por ejemplo; y someter las pensiones al impuesto de renta.
Eso sí, el mismo porcentaje de la carga impositiva que pretenden recargar sobre los trabajadores, es el que quieren quitar al capital. Y no porque los capitalistas colombianos ganen poco, ya que reconocen que tienen un margen de beneficio demasiado alto, que incluso va en detrimento de su competitividad (pág 52 del informe). Aún así los consejos del informe son reducir la tributación de las empresas, inclusive la tasa del impuesto de renta de las personas jurídicas (empresas), suprimir progresivamente el impuesto local ICA que grava las ventas, eliminar el impuesto sobre las transacciones financieras y convertirlo en un impuesto sobre los retiros de efectivo, y trasladar la carga fiscal del impuesto sobre dividendos (rentas de capital) de las empresas a los accionistas, eliminando la exención básica, que obviamente no aplica para los capitalistas, sino para los ahorros de los trabajadores, fundamentalmente los pensionales.
Y es que el caballito de batalla de la OCDE es precisamente que la única forma de garantizar una pensión de jubilación para todos es: i) eliminar el sistema de pensiones actual, sustituyéndolo por una prestación no contributiva única y universal; y ii) fusionar los dos sistemas públicos de salud. Para ello plantean ir desmantelando las cotizaciones de los trabajadores y empleadores a la seguridad social y sustituirlas por un aumento de la tributación general, es decir, mediante el impuesto sobre la renta que pasarían a pagar todos los trabajadores y pensionados que reciban cerca de un salario mínimo, y mediante el aumento del IVA y otros impuestos al consumo.
¿Pero qué significa realmente esta propuesta de la OCDE? En primer lugar que las empresas pagarían por el “trabajo formal” solamente salarios de trabajo informal, y que los trabajadores formales verían reducirse una tercera parte de su salario total. Que nadie espere que las contribuciones que dejen pagar los empresarios -que no son “costos no salariales”, sino salario retenido- vayan a suponer aumentos de salario nominal, porque todas sus recetas están encaminadas a bajar el salario. En segundo lugar, que los trabajadores se verían obligados a contratar fondos privados de jubilación, porque no podrían vivir con esa “prestación no contributiva única y universal” que hoy equivale a una décima parte del salario mínimo y nada garantiza que con la propuesta mágica de la OCDE vaya a mejorar. Y para los que no puedan, les quedaría esa engañifa de gestión y administración de la miseria para la vejez, que son los BEPs. En tercer lugar, que irían extinguiendo la salud pública y los trabajadores tendrían que contratar seguros privados, o pagar directamente los pocos servicios a que puedan acceder.
Ahí se devela la desvergonzada treta mediante la cual, los que se pintaban de muy preocupados, esto es los capitalistas a través de la OCDE, no sólo no aportarían nada en este gran esfuerzo nacional para garantizar pensiones y salud universal que ellos imponen, sino que terminan zafándose de los aportes que anteriormente tenían. Es obvio que los únicos propósitos de esta receta, que parece sacada de la escuela de Atila, son pauperizar más el trabajo, desmontar los sistemas públicos de salud y seguridad social y hacerle el lobby a los fondos privados de salud y pensiones. Pero como demostró la movilización popular en abril de 2021, desencadenada por el gobierno cuando siguiendo las “recomendaciones” de sus amigos de la OCDE quiso bajar la base tributaria a 2,5 salarios mínimo y ampliar el IVA, el pueblo colombiano no está dispuesto a permitir más atropellos del capital, ni de sus asesores.
Ahora bien, estamos de acuerdo que tan necesario como defender el sistema público de pensiones es promover la ampliación de su cobertura para que llegue a toda la población. Si se puede garantizar – y tender a mejorar- la cobertura universal en salud, se puede hacer lo mismo con las pensiones. Pero para lograr esto, no sólo hay que blindar las cotizaciones sociales actuales, sino que hay que reforzarlas –no sustituirlas- con una mayor progresividad fiscal que incluya, por supuesto, los pagos del capital. Una redistribución del ingreso nacional a favor de los verdaderos productores de la riqueza social, el proletariado, es fundamental para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de todas las unidades familiares (en un sentido histórico y adecuado), y debe estar encaminada a impulsar una Economía De Fondos Públicos que permita desbloquear, potenciar y reorientar el desarrollo de las fuerzas productivas de la nación, generando puestos de trabajo productivos, estables, bien remunerados y con cobertura de seguridad social universal.
[1] Según el artículo 114-1 del estatuto tributario: «Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.» Hay que recordar que la exoneración de los aportes a salud sólo es para el empleador, no para el trabajador, es decir que al trabajador le siguen descontando el 4% de su nómina para pagar los aportes a salud que le corresponden.
[2] Luis Jorge Garay S. & Jorge Enrique Espitia (2019) en Revista Sur (https://www.sur.org.co/9142-2/)
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