Notas sobre la coyuntura II [17-11-23]
Por: Edgar Fernández,
Centro de Pensamiento y Teoría Crítica Praxis
Continuamos las notas sobre coyuntura considerando que la dinámica de Latinoamérica es la de una región de estados capitalistas que no logra fórmulas alternativas para siquiera mejorar su degradada posición en el mercado mundial. Esto se ha traducido en una severa crisis democrática que se expresa en una iteración entre gobiernos de centro-izquierda -o progresistas- y de ultraderecha, en medio de la cual las condiciones de vida del proletariado y demás sectores populares sólo empeoran. Y en este contexto, la constitución de alternativas transformadoras de talante proletario se dificulta, cuando no se obstruyen, porque la acción política de la izquierda tiende a circunscribirse a los ámbitos institucionales que fija la limitada democracia representativa.
En forma similar a lo que sucede en otras regiones del mundo, el crecimiento de Latinoamérica ha vuelto a frenarse, y en 2023 apenas se espera una tasa del 1,7%. En realidad, las dificultades son crecientes desde fines de 2014 cuando los precios de las materias primas se descolgaron, de modo que el ciclo de recuperación de los precios internacionales, entre 2021 y 2023, no ha operado con la misma fuerza que en el periodo 2003-2014. Esto se ha traducido en crecientes dificultades para la estabilidad política, en la medida que los gobiernos cuentan con menores ingresos para sostener la rentabilidad del capital y financiar programas sociales.
Aun así, durante el último año se han estabilizado los gobiernos de Brasil -tras la victoria de Lula contra Bolsonaro-, y de Perú -tras el golpe de la derecha con Boluarte-, muy a pesar de que su economía está en franca recesión. La forzosa salida de Guillermo Lasso en Ecuador condujo a un proceso electoral traumático y violento, en el que se enfrentaron fuerzas del progresismo correista y la derecha, representada por el hijo de uno de los capitalistas más grandes de ese país, Daniel Noboa, finalmente ganador. Además, en el escenario están de por medio las elecciones de este 19 de noviembre en Argentina, país que refleja las condiciones generales en las que se mueve el capitalismo y las fuerzas políticas en América Latina, de aquí que nos centremos en este caso ilustrativo.
En la disputa electoral a segunda vuelta han quedado Javier Milei, un anarquista de ultraderecha que promete entregarle el país al libre mercado, y Sergio Massa el candidato de la franja derecha del peronismo-kirchnerista, quien propone mantener los ajustes recomendados por el FMI, pero también algunos programas de subsidios a la población, junto con cierto papel preponderante del Estado. Esto significa que las diferentes fracciones del proletariado enfrentarán iguales o peores condiciones de vida en los años venideros, porque los ajustes siempre implican menos empleo, reducciones salariales y peores condiciones de vida. Por su parte, la izquierda -en sus diferentes agrupaciones- se enfrenta a la decisión de cómo enfrentar el escenario, de aquí que una fracción se inclina por acompañar al peronismo por su margen de izquierda, bajo la imperiosa consigna de salvar la democracia, tal como lo plantea C. Katz (artículo en Rebelión 28/10/23) -línea que movilizó Lula en la pasada contienda electoral-, mientras otras menos numerosas parecen menos dadas a esa contienda, moviéndose entre la abstención y el voto en blanco, al comprender que tanto con Milei,como con Massa, el proletariado resultará más afectado.
Por tanto, sólo muy en la apariencia la contienda se sucede entre progresismo y derecha, forma bajo la cual se presenta la crisis en América Latina. Este forcejeo sucede tras dos décadas de dominio mayoritario del progresismo-kirchnerista -salvo 2016-2019 en que gobernó Macri- que dejan nuevamente a la sociedad argentina envuelta en una especie de crisis general, similar a la sucedida a inicios de siglo, cuando inflación, devaluación, desempleo y la crisis económica generalizada fueron entendidos como los mejores resultados de las políticas neoliberales. Bajo tales condiciones se abrió paso el peronismo-kichnerista, una reedición del nacionalismo proteccionista industrial, que entre 2003 y 2015 pareció darle un giro total a la situación, al regresar el crecimiento y suavizar los niveles de desempleo. En realidad, el peronismo-kirchnerista pudo emerger en la crisis y pasar a administrar el ciclo de bonanza primario-exportadora sucedida entre 2003 y 2011, de allí que sus primeros resultados se pudieron presentar como si se tratara de un logro de fondo. En forma sintética, la crisis había devaluado capitales y salarios y generado condiciones para un nuevo ciclo, viéndose éste favorecido por la recuperación de la demanda mundial y los altos precios de las materias primas. Con ello, el peso se revaluó, se controló la deuda externa y parte de la inversión externa regresó, de modo que el gobierno contó con más recursos y pudo incrementar los subsidios al capital interno y sus programas sociales de gasto, dando por resultado el ciclo de crecimiento entre 2003-2011.
Sin embargo, hacia 2012 ya se presentaban signos de contracción, siendo claro que el crecimiento era apenas un fruto pasajero. Lo cierto fue que la estructura productiva heredada de las décadas anteriores en poco fue modificada, por tanto, continuó basada en una vinculación subordinada al capital externo por la vía de las exportaciones primarias –que aún en 2022 pesan el 40% del total-.Mientras, la industria manufacturera sólo ganó un 1% en el total del PIB entre 1998-2011, al rondar el 18%, mientras minas y agricultura ganaron casi seis puntos en el PIB (Astarita, Blog, 13/08/12).
Bajo estas condiciones, cuando los precios internacionales de las materias primas se contrajeron desde 2012, la economía entró en una nueva depresión, que se profundizó en 2020 y se extiende hasta la fecha. Como las condiciones estructurales no variaron de fondo, la nueva crisis pasó a manifestarse como una decepción para las masas proletarias que habían sido encaminadas detrás de las promesas del peronismo-kirchnerista, aguardando cambios sustantivos que no se hicieron, ni eran posibles bajo tales políticas. Es por esto, que ahora se les pretende empujar hacia una encrucijada espuria, en tanto buena parte de las dirigencias de izquierda limitan el debate a si deben o no apoyar al actual candidato Massa.
El problema de la vinculación subordinada al capital mundial mediante exportaciones primarias pareciera ser menos grave para la Argentina (40% del total), que respecto de Chile (60%), o Colombia (70%). Sin embargo, las de los dos últimos países se concentran hasta cerca del 50% en el sector minero, mientras que las del primero se asocian a la agro-industria, razón por la cual las sensibles variaciones de precios y volúmenes se extienden con mayor intensidad por toda su economía. Es por esto, que la contracción de los precios de las materias primas entre 2012-2020 resultó en una depresión entre 2012 y 2019 en Argentina, mientras en los otros dos países apenas se ralentizó el crecimiento en el mismo periodo, contexto en el que el tipo de política aplicada se convierte en un diferenciador importante.
Sin embargo, el problema sustantivo del capitalismo argentino -como el del resto de América latina- estriba en una estructura industrial, basada en manufacturas básicas, que no se renueva sustancialmente desde los ochenta y por eso pierde posicionamiento a nivel mundial. Esto ha hecho que la industria interna dependa de altas tasas de explotación laboral y de subsidios estatales, que a la postre el Estado succiona de la renta que generan los productos primarios –en el caso de Colombia petróleo, café y coca-. Por esto, cuando los precios internacionales van al alza la economía se dinamiza porque se fortalece la moneda nacional, se facilita y acelera la importación de maquinaria, se anima el empleo, crece la demanda interna y las cosas parecen camino a la plétora; sin embargo, las cosas pueden tornarse inversas una vez aflojan esos precios.
En el caso de Argentina, los precios de los productos que exporta –carne, soya, maíz y aceites vegetales- cayeron desde 2012, y la recuperación de 2020-2022 resultó insuficiente para cubrir los déficit fiscal y de comercio exterior -causados en el quinquenio anterior, pero que fueron incrementados por el manejo de la deuda entre 2012 y 2018-, con lo cual la tasa de crecimiento del PIB presentó una caída sistemática desde 2012, siendo del -2,2% en 2019, y profundizándose en 2020 con la pandemia (todos los datos referenciados tienen por base las estadísticas de la Cepal).
La sensibilidad de la economía Argentina a las variaciones del sector externo se puede apreciar en forma comparativa. Por ejemplo, su índice de exportaciones -base 1980- perdió 14 puntos entre 2012 y 2018, algo similar a lo que cayó el de Colombia, entre 2016 y 2020, país que apenas vio suavizado su crecimiento. Una manifestación del impacto de esa contracción del sector externo es que la inversión entre 2012 y 2022 (formación bruta de capital) retuvo su tasa de crecimiento en 16%, en promedio, mientras esa variable fue del 21,3% en Colombia, o del 25,5% en Chile. Vale anotar que la inversión en Argentina ha sido menor a la de los otros dos países, aún en el periodo del auge entre 2003-2010, siendo ésta una razón de la exigua variación de su estructura productiva, a la que antes nos referimos.
La caída desde 2012 en los ingresos de las exportaciones argentinas condujo a un déficit sistemático y creciente en su comercio exterior, manifiesto en su cuenta corriente de la balanza de pagos hasta 2018, cuando la cifra porcentual fue del -5%. Este movimiento se acompañó de una contracción de la inversión extranjera directa, que reversó en 2016 a niveles de 2002. Bajo tales condiciones, la reacción del segundo gobierno de Cristina Kirchner fue la de mantener artificialmente alta la tasa de cambio, mediante la activación de la demanda vía gasto y déficit público y el incremento de la deuda pública interna y externa. El resultado fue que los precios internos empezaron a crecer –inflación-, se presionó la tasa de cambio, terminándose por impulsar las presiones circulares entre inflación y devaluación, circuito vicioso que empuja más la salida de capital y la inclinación a manejar la situación mediante el incremento de la deuda.
Estas dificultades económicas jugaron en favor del cambio de gobierno hacia la ultraderecha con Macri a fines de 2015, quien prometió la corrección y el regreso del crecimiento. Más sin embargo, sólo empeoró las cosas, porque los déficit fiscales que eran menores al -2,5% del PIB, fueron llevados en 2018 a promedios del -5.5%, momento en que las cosas eran gravosas porque el déficit en cuenta corriente era del -5% del PIB. Así las cosas, la deuda total del gobierno -que era cercana al 50% respecto del PIB- fue llevada a extremos inmanejables del 90% en 2019, e impulsada a más del 100% en 2020, por el inexplicable e ilegal préstamo del FMI de 50 mil millones de dólares en 2018. En tal encrucijada, era apenas evidente que el valor tanto del peso como del capital acumulado se debían depreciar, de allí que los recursos del préstamo del FMI entraron virtualmente al país, permitiendo que la burguesía salvara parte del valor de su capital acumulado, al apropiar los dólares y sacarlos inmediatamente al extranjero.
Bajo tal escenario, era esperable que el regreso del peronismo con Alberto Fernández, a fines de 2019, ya no mostrará el talante progresista del ciclo 2003-2012. Es por eso que la formula Cristina-Fernández explícitamente se comprometió con el FMI a honrar y pagar la deuda, es decir a aplicar ajustes tanto en los salarios, como en el gasto público, para generar los ahorros con los cuales se alimenta el pago al capital financiero. De ese modo, las distintas fracciones del proletariado están pagando los efectos de una crisis mal administrada, que elevó el desempleo del 6% hasta el 12% -entre 2015 y 2020-, y de una deuda pública que le permitió al gran capital salvar el valor de sus activos, proceder que agravó la devaluación real del peso y castigó los salarios en cerca del 44%, respecto de 2016 (M. Hernández, artículo Rebelión 13/11/23), debido a una inflación incontrolable que en octubre de este año llegó al 142% en su valor interanual.
Durante los últimos cuatro años de gobierno peronista las condiciones han variado bastante poco. El déficit en cuenta corriente se ha corregido debido al incremento de los precios de las materias primas, pero el déficit del gobierno se mantiene en el orden del -5%, mientras su deuda total –interna y externa- se mantiene aún en el 85% del PIB. Por eso permanecen las presiones sobre la tasa de cambio y las dificultades se manifiestan en permanente inflación. En tal escenario, tanto Milei como Massa están comprometidos en mantener las políticas de ajuste, a fin de sostener la rentabilidad del capital interno y pagarle al capital externo, lo que implica seguir golpeando los ingresos de los proletarios.
No obstante, en el campo de la política electoral las cosas se presentan como si se tratara de dos visiones antagónicas, y de esa manera el proletariado resulta manipulado respecto de sus condiciones y necesidades reales.
En tal juego, a la ultraderecha y sus empresas de propaganda les viene bien una mirada superficial y miope, en la cual la causa de la crisis serían las políticas de gasto público de los gobiernos kirchneristas. Esto es aprovechado al máximo por el ultraderechista Milei, quien en sus actos circenses combina machismo, xenofobia, racismo, odio a la izquierda, promete acabar la corrupción y recuperar la seguridad al echar por tierra la mayor parte de las instituciones del Estado, incluido el Banco Central, para que renazca un capitalismo impoluto de asperezas estatales, esperpento que sólo existe en los fantasiosos libros de texto de la economía neoclásica. Tal es su extremismo que ha terminado por asustar al mismo capital internacional y nacional, de allí que sus instituciones y medios propagandísticos hayan pasado de alentarle a contenerlo, y por tal razón en plena recta final han saltado en su defensa y promoción personajes ultraconservadores y reaccionarios - Vargas Llosa, Mauricio Macri, Mariano Rajoy, Sebastián Piñera, Andrés Pastrana o Iván Duque-, alegando a coro la defensa de la libertad y la propiedad privada, ello ante una potencial victoria de Masa.
Mientras, desde el campo peronista de derecha, Massa -actual ministro de hacienda- recusa a unas inexistentes políticas neoliberales como las generadoras de los problemas, velando su compromiso abierto con el capital. De aquí que en sus propuestas programática considere central el incremento de las exportaciones, lo que significa continuar con el extractivismo y la primarización de la producción sobre la base de incrementar la explotación proletaria. Con eso, se ocultan las limitaciones estructurales que enfrenta el capital, sostenido en una estructura productiva en franca regresión, que no se renueva y más bien continúa rezagándose frente a los cambios tecnológicos y del mercado internacional, razón por la cual se vincula en forma cada vez más subordinada, mediante la oferta de materias primas con poca transformación y siendo por ello muy sensible a las variaciones internacionales de precios. Además, se pretende esconder que el problema fue evadido por las políticas del populismo, que se dirigieron fundamentalmente a aprovechar el ciclo de altos precios internacionales para apaciguar y desmovilizar a las masas proletarias, propagando la ilusión que “de a poco" el capitalismo se modera, se administra y cambia. De allí que una de las grandes herencias del kirchnerismo sea la desmovilización de las masas proletarias.
En resumen, la realidad de Argentina muestra que el capitalismo en Latinoamérica sufre de problemas estructurales que no pueden ser enfrentados con variaciones o combinaciones de las políticas tradicionales: monetaria, fiscal, tributaria y bajos salarios. El grave y creciente atraso de la estructura productiva señala que incluso la misma burguesía y sus representantes políticos no saben qué hacer o cómo enfrentar los problemas de la sociedad, y que por tanto se encuentran sin formula real de cómo relanzar la base de su degradado y regresivo sistema capitalista. Y esta imposibilidad hace que la misma burguesía sea una fuerza política altamente retrograda que impide dar pasos adelante en busca de la solución, de ahí que la política electoral y la democracia representativa sistemáticamente se muestren más incapaces de solución, pero a la vez más irascibles e irracionales, contexto en que la tontería y el exabrupto cobran validez, como sucede con Milei.
El problema es que una buena parte de la izquierda en Argentina comprende estos problemas, saben claramente que la crisis actual del capitalismo no es administrable -baste visitar las páginas, periódicos y revistas de sus diversas organizaciones-. Pero ante las dificultades y lo exigente que es promover una política verdaderamente proletaria, prefieren reducir los debates a lo posible, y lo posible es actuar en los límites de la democracia representativa. De ahí que prefieran auto-limitarse a las elecciones, constriñendo otras formas de construcción y acción, y planteando que la decisión clave estriba entre ausentarse del debate electoral o aliarse con un ala del peronismo-kirchnerista a fin de defender la democracia, consigna con la que Lula regresó al gobierno. Sin embargo, la cuestión es, ¿para qué la democraciarepresentativa, si ella sólo sirve para que el capital continúe golpeando las condiciones de vida del proletariado y se impida su organización como clase con intenciones transformadoras?
Generalizando, entonces, dos décadas de gobiernos progresistas en América Latina no han redundado en fortalecimiento del proyecto de transformación estructural orientado a ir más allá del capital. Por el contrario, el castigo sobre el proletariado se mantiene o empeora, mientras la burguesía y sus representantes sólo atinan a aplicar políticas incapaces de relanzar el capitalismo e impedir la reversión de la estructura productiva. Y entre tanto, permiten, eso sí, que se mantenga el enriquecimiento rápido de una pequeña fracción burguesa, que sabe beneficiarse de la especulación y de la liquidación del capital acumulado durante más de un siglo de explotación sobre los trabajadores.
Con ello, la alargada crisis capitalista asume formas de un escenario en descomposición en el que la disputa iterativa entre “progresismo” y ultraderecha termina por cercar y limitar la potencial acción de la izquierda y los movimientos sociales, reproduciendo así su posición de minoría política. Allí el viejo uso del miedo juega un papel vital, así por ejemplo en Argentina la ultraderecha se vale del discurso anticomunista y del diablo de la estatización y su defensa de la libertad para atacar las posiciones peronistas, mientras el seudo-progresismo se vale del discurso del regreso del fascismo y la dictadura anidada en Milei a fin de defender la democracia. Con ello, el proletariado puede elegir, pero su elección se limita a escoger entre muy malo y malísimo, rango de libertad que denota a plenitud el contenido de la democracia para el proletariado, bajo las actuales condiciones.
En tal sentido, la crisis estructural del capitalismo acarrea crecientes dificultades sobre la limitada democracia burguesa representativa, la que debido a la profundidad de los problemas resulta incapacitada para contener y regular las contradicciones de la sociedad y en particular el descontento de las poblaciones, situación que torna más urgente el desarrollo de las fuerzas organizadas del proletariado que se capaciten para avanzar hacia transformaciones sociales de fondo.
Estas condiciones contradictorias son las que de cuando en cuando revientan en una u otra esquina de Latinoamérica, tal como acaba de suceder en Panamá. Allí los trabajadores y la población en general han vuelto a renovar las protestas del año pasado en agosto contra el gobierno de Laurentino Cortizo, mediante unas jornadas contra la Ley de minería que van a cumplir un mes, en medio del llamado a paro para este 16 de noviembre. Esas luchas estallaron con el fin de reversar la entrega de una explotación minera de cobre a la filial panameña de la canadiense Firts Quantumm, cesión dada mediante un contrato exprés firmado en tres días, que, aunque mejoraba en diez veces los ingresos recibidos en un contrato anterior de 2017, sólo garantiza beneficios al gran capital, mientras al pueblo panameño le queda la degradación medioambiental.
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